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Recurso de casación. Valoración de la prueba.

lunes, 14 de mayo de 2018

Hoy voy a referirme a los recursos de casación que interponemos ante el Tribunal Supremo. En ocasiones el citado Tribunal dicta resoluciones de inadmisión de recursos alegando que no se trata de una tercera instancia y que no van a valorar nuevamente la prueba valorada en instancias anteriores mermando a mi entender de un modo palmario el derecho de defensa de las partes así como el derecho a tutela judicial efectiva en aquellos supuestos en los que la valoración de esa prueba en instancia inferiores fue claramente arbitraria o sesgada. Al tratarse de apreciaciones subjetivas del Tribunal (qué es valoración sesgada o arbitraria) los letrados nos encontramos al recurrir en casación con “un muro” que en pocas ocasiones se puede tumbar. Esta mañana he recibido una sentencia del Tribunal Supremo que resuelve un recurso de casación por un asunto de Desheredación por indignidad por abandono de hijo incapaz que más allá del fondo del asunto me ha parecido relevante y de interés para todos por recoger las reglas a tener en cuenta en casación para determinar la existencia de error patente, arbitrariedad o irrazonabilidad en la valoración de la prueba.

Os dejo los comentarios completos, (que no son míos) a la citada resolución:

 

DESHEREDACION POR INDIGNIDAD: ABANDONO; MENOR DE EDAD (756.1 CC) VSS DISCAPAZ (756.7 CC); INFRACCION PROCESAL Y CONTROL CASACIONAL DE LA VALORACION CONJUNTA DE LA PRUEBA; DOCUMENTO PRIVADO; ERROR PATENTE Y RELEVANCIA CONSTITUCIONAL

ANTECEDENTES.-

El objeto del procedimiento, es la declaración de indignidad para heredar un padre a un hijo, discapacitado, al que no prestó las atenciones necesarias.

El Juzgado desestima la demanda, pero la AP la estima, po el abandono del madre al hijo.

El padre recurre y se desestiman ambos recursos, el extraordinario por infracción procesal y el de casación.

La Sala, tras criticar la estructura del recurso de casación, que se hace a modo de alegaciones, aborda:

RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCION PROCESAL: VALORACION DE LA PRUEBA.-

Argumenta cuando se convierte un recurso de casación en una tercera instancia al pretenderse la revisión de la prueba, que solo cabe cuando se conculca el artículo 24.1 de la Constitución Española por incurrir en error de hecho palmario, irracionalidad o arbitrariedad.

Cita doctrina sobre el control en casación de la valoración de la prueba, que en esta sede solo se hace cuando existe error patente, arbitrariedad o irrazonabilidad, y expone las siguientes reglas:

(i) que no es posible atacar la valoración conjunta de la prueba, o lo que es igual, que la parte no puede pretender una nueva valoración conjunta distinta a la del tribunal de instancia a quien corresponde esta función soberana

(ii) que tampoco puede atacar esa valoración conjunta mediante la impugnación de pruebas concretas ni pretender que se dé prioridad a un concreto medio probatorio para obtener conclusiones interesadas, contrarias a las objetivas y desinteresadas del órgano jurisdiccional. Pues ” el hecho de que no se tomen en consideración determinados elementos de prueba relevantes a juicio de la parte actora carece de trascendencia y no significa que no hayan sido debidamente valorados por la sentencia impugnada, sin que las exigencias de motivación obliguen a expresar este juicio.

(iii) que por lo anterior, la valoración de los documentos privados también debe hacerse en relación con el conjunto de los restantes medios de prueba, ya que una cosa es el valor probatorio de los documentos derivados en cuanto a la autenticidad, fecha o personas que intervinieron, y otra distinta la interpretación efectuada por la sentencia recurrida acerca del contenido de los documentos. La expresión «prueba plena» del artículo 326.1 LEC no significa que el tribunal no deba valorar el contenido de los mismos de acuerdo con las reglas de la sana crítica y en el conjunto de las pruebas aportadas.

(iv) que no es posible apreciar el error en la valoración cuando lo que se denuncia no es, propiamente, un error patente en la valoración de la prueba con relevancia constitucional sino que se cuestionan las conclusiones jurídicas extraídas de los hechos probados. Incorrecto planteamiento acontece cuando la parte recurrente no distingue entre el significado jurídico del documento y el del acto documentado, de tal forma que en lugar de cuestionar el valor probatorio dado por el tribunal sentenciador a un documento, lo que hace es combatir la conclusión jurídica del tribunal acerca su significado obligacional, tipo de contrato y voluntad o intención de las partes al celebrarlo.

El error patente es el «inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, por haberse llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios elementales de la lógica y de la experiencia».

Y no todos los errores en la valoración probatoria tienen relevancia constitucional, dado que es necesario que concurran, entre otros requisitos, los siguientes: 1°) que se trate de un error fáctico, -material o de hecho-, es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión; y 2°) que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales.

En suma, no se da prioridad al documento privado sobre el resto de medios probatorios, sino que lo valora en relación con el conjunto de los restantes medios de prueba.

En suma: si los incumplimientos fueron o no graves, a efectos de indignidad para suceder, excede del aspecto fáctico de este recurso, y como valoración jurídica es propia del ámbito del recurso de casación.

RECURSO DE CASACION: INDIGNIDAD PARA SUCEDER; ABANDONO DEBERES MENOR DE EDAD VSS DE DISCAPACITADO:

Cita sentencias anteriores aplicables a supuestos distintos, de causas previstas en el art. 756 Cc. que exige una interpretación restrictiva en su aplicación; a saber: TS La de 11 de febrero de 1946 (omisión por el heredero de la obligación de denunciar la muerte violenta del testador); de 26 de marzo de 1993 (abandono económico del padre a la hija que era mayor de edad y sin prueba de padecer necesidades perentorias insatisfechas, sino más bien al contrario; TS de 28 de junio de 1993 (falta de relación afectiva y comunicación entre la hija y el padre, al que abandonó sentimentalmente durante su última enfermedad).

Pero aquí se trata del abandono por su padre de un menor de edad con parálisis cerebral (art. 756.1 CC . vigente al tiempo del fallecimiento del menor acaecido el 10 de diciembre de 2013) e incumplimiento de la obligación alimenticia ( art. 756.7 CC .). O sea es un caso de desatención a un menor de edad, por lo que lo relevante no es la discapacidad (causa contemplada en el 756-7 Cc.)

Y cita la TS 484/2017, de 20 de julio , por remisión a la sentencia de 17 de febrero de 2015, que cualifican los alimentos hcia el menor de edad como procedentes de la solidaridad familiar y con fundamento en el artículo 39.1 y 3 CE , de mayor contenido ético del ordenamiento jurídico ( SSTS de 5 de octubre de 1993 y 8 de noviembre de 2013 ) porque son deberes insoslayables inherentes a la filiación, que resultan incondicionales de inicio con independencia de la mayor o menor dificultad que se tenga para darle cumplimiento o del grado de reprochabilidad en su falta de atención.

Por eso entiende la Sala se trata del abandono del hijo previsto como causa de indignidad en el n° 1 del art. 756 CC en la redacción vigente a fecha del fallecimiento del menor el 30 de diciembre de 2013.

ABANDONO.-

Reproduce la sala el concepto de “abandono” que incluye “el rompimiento absoluto, por toda la vida, de la relación paternofilial desde la infancia del hijo, desentendiéndose de las obligaciones de alimentarle y representarle en el ejercicio de las acciones para él provechosas ( sentencias de 3 de diciembre de 1946 y 28 de febrero de 1947 )”. Y como la expresión de abandono ha de entenderse en sentido amplio, como falta de cumplimiento de deberes de asistencia y protección, tanto físicos, como morales y económicos. Que se trata del incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad: velar por los hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral ( arts. 154.2. 1° CC ).

Y dice la Sala que una cosa es que las causas de indignidad sean de interpretación restrictiva, exigiéndose que se constate casos claros y graves de abandono, y otra que sea restrictiva la interpretación o entendimiento de la concreta causa ( sentencia 59/2015 , de 30 de enero), excluyendo del abandono el incumplimiento de deberes familiares impuestos por el ejercicio de la patria potestad, lo que no se compadecería con la naturaleza de la previsión legal.

Y las valoraciones jurídicas que hace la sentencia recurrida sobre los hechos probados hacen que el recurso no puede ser estimado, pues no suponen una interpretación extensiva sobre la existencia de la causa, ya que tiene por demostrado el abandono grave y absoluto del hijo por el padre, sin atenuante o paliativo que lo justifique. Valoraciones que sumadas a la grave discapacidad del hijo, el incumplimiento de los deberes familiares personales del padre hacia aquél no merecen otra calificación que la de graves y absolutos, y otro tanto cabría decir de los patrimoniales, pues aunque hayan mediado algunos pagos de la obligación alimenticia convenida, sustancialmente no se ha cumplido ésta, y cómo se razona no se valora como involuntario tal incumplimiento.

Llama la atención la Sala de como el recurrente, ante una demanda en su contra de pérdida de patria potestad, con la gravedad que ello supone en las relaciones paternofiliales, no se personase y fuese declarado en rebeldía, pues si la demanda hubiese prosperado, lo que no sucedió por fallecer el menor en el curso del proceso, la causa de indignidad no ofrecería duda, como expresamente se prevé en el párrafo tercero del n° 2 del art. 756 CC en la redacción actual por Ley 15/2015, de 2 de julio.

 

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