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La acción de nulidad de un testamento.

miércoles, 5 de junio de 2013

Al leer la sentencia que les transcribo, me planteé el redactar un artículo en el que escribir sobre el contenido de la misma, es decir la acción de nulidad de un testamento que plantean unos herederos sobre la base de que el testador no tenía pleno juicio cuando otorgó el mismo por enfermedad mental. Esta situación es muy recurrente en los despachos como el mío especializados en derecho de Familia, herencia y sucesiones. Son muchas las ocasiones en las que uno o más herederos te aseguran que su madre, padre, abuela, etc no estaba en condiciones de decidir aquello que se dispuso vía testamentaria y son otras tantas las que pretendo explicar las circunstancias en las que esa acción puede prosperar. La sentencia que a continuación les facilito, es tan buena! Lo explica todo tan bien!, es tan didáctica! que a través de un  extenso y pedagógico recorrido por la doctrina jurisprudencial más reciente no deja duda de cuales son los requisitos para que la acción prospere partiendo de la presunción de capacidad del otorgante el cual no había sido previamente incapacitado, por esto he pensado que en lugar de que sea yo quien la resuma o comente  aquellos de ustedes a los que les interese el tema por el motivo que fuese, pueden leerla íntegramente a continuación.

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

BURGOS

SENTENCIA: 00090/2013

S E N T E N C I A Nº 90

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

SECCIÓN SEGUNDA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE

BURGOS

ILMOS/AS SRES/AS:

PRESIDENTE:

DON JUAN MIGUEL CARRERAS MARAÑA

MAGISTRADOS/AS:

DOÑA ARABELA GARCIA ESPINA

DON MAURICIO MUÑOZ FERNÁNDEZ

SIENDO PONENTE: DON JUAN MIGUEL CARRERAS

MARAÑA

SOBRE: ACCIÓN DECLARATIVA DE NULIDAD DE

TESTAMENTOS

LUGAR: BURGOS

FECHA: VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL TRECE

En el Rollo de Apelación nº 214 de 2012 dimanante de

Juicio ordinario nº 417/11, del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de

Villarcayo, en virtud del recurso de apelación interpuesto contra

la Sentencia de fecha 9 de marzo de 2012, siendo parte, como

demandantes-apelantes XXXXXX representados en este Tribunal

por la Procuradora Dª. Beatriz Domínguez Cuesta y defendidos

por el Letrado D. Carlos Gutiérrez Santos; como demandadosapelados

XXXXXX …representados en este Tribunal por la

Procuradora Dª. Margarita Robles Santos y defendidos por el

Letrado D. Juan Antonio Andino López y como demandadoapelado-

impugnante-(adherido) XXXXXX representado en este

Tribunal por el Procurador D. Alejandro Junco Petrement y

defendido por la Letrada Dª. Teresa Alonso Ortega.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan, sustancialmente, los antecedentes

de hecho de la resolución apelada, cuyo Fallo es del tenor literal

siguiente: “DESESTIMO la demanda interpuesta por XXXXXX . y

CONDENO a XXXXXX al pago de las costas procesales

derivadas de este proceso”.

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, por la

representación de XXXXXX se interpuso contra la misma recurso

de apelación, que fue tramitado con arreglo a Derecho.

TERCERO- En la tramitación del presente recurso se han

observado las prescripciones legales, habiendo sido deliberada y

votada la causa por esta Sala en fecha 21 de febrero de 2013.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Considerando que en el motivo de

impugnación primero y único del recurso de apelación, bajo la

rúbrica de “error en la valoración de la prueba”, se mezclan

alegaciones tanto de orden fáctico, como de orden jurídico, una

adecuada motivación de esta resolución a los efectos del art 218

LECV, exige exponer con detalle la doctrina jurisprudencial sobre

el consentimiento testamentario y la interpretación y aplicación

del art 663 CCV referente a la emisión de la voluntad

testamentaria.

Al respecto, señala reiteradamente el Tribunal Supremo que

la sanidad de juicio se presume en toda persona que no haya

sido previamente incapacitada (Sent. 1-II-1956), pues a toda

persona debe reputarse en su cabal juicio, como atributo normal

del ser (Sent. 25-IV-1959); de modo que, en orden al derecho de

testar, la integridad mental indispensable constituye una

presunción iuris tantum que obliga a estimar que concurre en el

testador capacidad plena y que sólo puede destruirse por una

prueba en contrario «evidente y completa» (Sent. 8-V-1922; 3-II-

1951), «muy cumplida y convincente» (Sent. 10-IV- 1944; 16-II-

1945), «de fuerza inequívoca» (Sent. 20-II-1975), cualquiera que

sean las últimas anomalías y evolución de la enfermedad, aún en

estado latente en el sujeto (Sent. 25-IV-1959), pues ante la

dificultad de conocer donde acaba la razón y se inicia la locura,

la ley requiere y consagra la jurisprudencia que la incapacidad

que se atribuya a un testador tenga cumplida demostración (23-

II-1944; 1-II-1956). La falta de capacidad del testador por causa de

enfermedad mental ha de referirse forzosamente al preciso

momento de hacer la declaración testamentaria, y la aseveración

notarial acerca de la capacidad del testador adquiere especial

relevancia de certidumbre y por ella es preciso pasar, mientras

no se demuestre cumplidamente en vía judicial su incapacidad,

destruyendo la enérgica presunción iuris tantum (Sent. 23-III-

1894; 22-I-1913; 10-IV-1944; 16-II-1945), que revela el acto del

otorgamiento, en el que se ha llenado el requisito de tamizar la

capacidad del testador a través de la apreciación puramente

subjetiva que de ella haya formado el Notario (Sent. 23-III-1944);

restando por añadir que la intervención de facultativos no es

necesaria en supuestos de otorgamiento de testamento por quien

no se halle judicialmente declarado incapaz, lo que no implica

que puedan intervenir, especialmente si el Notario lo prefiere

para asegurarse de la capacidad del otorgante (Sent. 18-IV-1916;

16-XI-1918), pues el artículo 665 del Código Civil, no es

aplicable al caso de quien otorga testamento sin estar

judicialmente incapacitado (Sent. 27-VI-1908).»(STS del 27 de

Junio del 2005).

Por otra parte, es constante la jurisprudencia que de antiguo

y en interpretación de tales preceptos ha establecido: a) que la

incapacidad o afección mental ha de ser grave, hasta el extremo

de hacer desaparecer la personalidad psíquica en la vida de

relación de quien la padece, con exclusión de la conciencia de

sus propios actos (Sent. 25-IV 1959); b) no bastando apoyarla en

simples presunciones o indirectas conjeturas, siendo un ir

contra los preceptos reguladores de la testamentifacción y la

jurisprudencia el declarar nulo un testamento por circunstancias

de carácter moral o social, nacidas de hechos anteriores o

posteriores al acto del otorgamiento, por ser un principio de

derecho que la voluntad del hombre es mudable hasta la muerte

(Sent. 25-X- 1928); c) que ni la enfermedad ni la demencia obstan

al libre ejercicio de la facultad de testar cuando el enfermo

mantiene o recobra la integridad de sus facultades intelectuales o

el demente tiene un momento lúcido (Sent. 18-IV-1916); d) que

son circunstancias insuficientes para establecer la incapacidad:

1) la edad senil del testador, «pues es insuficiente para

considerarle incapaz el hecho de tratarse de un anciano

decrépito y achacoso…, ni el Derecho ni la Medicina consienten

que por el solo hecho de llegar la senilidad, equivalente a la

senectud o ancianidad se haya de considerar demente, pues la

inherencia a esta de un estado de demencia, requiere especial

declaración para ser fundamento de situaciones de derecho (Sent.

25-XI-1928); 2) que el otorgante se encuentre aquejado de graves

padecimientos físicos, pues ello no supone incapacidad si estos

no afectan a su estado mental con eficacia bastante para

constituirle en ente privado de razón (Sent. 25-X-1928); 3) no

obsta a que se aprecie la capacidad para testar que el testador

padezca una enfermedad neurasténica y tenga algunas

extravagancias, cuando el testamento se ha otorgado en estado de

cabal juicio según testimonian el Notario y los testigos (Sent. 28-

XII-1918) «(STS ya citada de fecha 27 de Junio de 2005).

Más recientemente podemos significar algunas resoluciones

de especial aplicación al caso enjuiciado:

-SAP Madrid, Sec. 18.ª, 440/2012, de 13 de septiembre.

“Planteada en tales términos la cuestión en esta alzada ha de

partirse para su resolución de la construcción jurisprudencial sobre

la capacidad testamentaria y su apreciación. Efectivamente, los

artículos 662, 663.2 º y 666 todos ellos C.c . en cuya virtud «pueden

testar todos aquellos a quienes la ley no lo prohíbe expresamente»,

«está incapacitado para testar el que habitual o accidentalmente no

se hallare en su cabal juicio» y «para apreciar la capacidad del

testador se atenderá únicamente al estado en que se halle al tiempo

de otorgar el testamento«, han sido interpretados por un cuerpo

consolidado de jurisprudencia, de cuya doctrina se ha de concluir en

la forma que con precisión se recoge en la Sentencia de la Sección

13ª de esta Audiencia Provincial de Madrid de 28 de julio de 2005

(recogida también en la de su Secc. 19 ª de 17 de abril de 2008), que

dada su concreción no puede sino reiterarse en la presente, a saber:

a) La incapacidad o afección mental ha de ser grave, hasta el

extremo de hacer desaparecer la personalidad psíquica en la vida de

relación de quien la padece, con exclusión de la conciencia de sus

propios actos (SSTS de 25 de abril de 1959 y 12 de mayo de 1998),

sin que sea suficiente para establecer la incapacidad, la edad senil

del testador, o los padecimientos físicos si éstos no afectan a su

estado mental;

b) La falta de capacidad por causa de enfermedad mental ha

de referirse forzosamente al preciso momento de hacer la

declaración testamentaria (SSTS de 25 de abril de 1959, 10 de abril

de 1987 y 18 de marzo de 1988);

c) Toda persona debe reputarse en su cabal juicio como

atributo normal de su ser y, por consecuencia, ha de presumirse la

capacidad del testador en tanto no se demuestre negativa y

concluyentemente que al tiempo de realizar la declaración

testamentaria tenía mermadas las potencias anímicas de raciocinio

y de querer con verdadera libertad de elección, postulado y

presunción «iuris tantum» que se ajusta a la idea del «favor

testamenti» y que suponen el mantenimiento de la disposición en

tanto que no se acredite con la seguridad precisa que el testador

estaba aquejado de insania mental (SSTS de 25 de abril de 1959 , 7

de octubre de 1982 , 22 de junio de 1992 , 24 de julio de 1995 y 27

de enero de 1988 );

d) La destrucción de esta presunción, cuando esté asistida de la

apreciación afirmativa de la capacidad por el Notario, requiere

evidentes, concretas y concluyentes pruebas que acrediten la

insania del testador, que tiene que aportar el que promueve la

nulidad del testamento (SSTS de 26 de septiembre de 1988, 13 de

octubre de 1990, 8 de junio de 1994, 26 de abril de 1995, 27 de enero

y 19 de septiembre de 1998 y 31 de marzo de 2004),

y e) La sanidad de juicio del testador es una cuestión de hecho

cuya apreciación corresponde a la Sala de instancia tras valorar la

prueba practicada de conformidad con las reglas contenidas en los

artículos 316 , 319 , 326 y 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ,

según el medio de que se trate.

Esta misma Secc. 18ª en su sentencia de 26 de marzo de 2007

ya manifestó que «…no desconoce la Sala que en principio se presume

la capacidad para testar como para cualquier otro acto de la vida

mientras no se haya declarado judicialmente la incapacidad y así se

ha dicho que para que pueda prosperar la acción

de nulidad de testamento basada en la falta de capacidad de la

testadora, la incapacidad o afección mental ha de ser grave, hasta el

extremo de hacer desaparecer la personalidad psíquica en la vida de

relación de quien la padece, con exclusión de la conciencia de sus

propios actos (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril

1959)…».

Es decir, que la prosperabilidad de la acción de nulidad como

la entablada se ha de basar en la cumplida acreditación

lograda, sin perjuicio del principio de facilidad probatoria,

por quien acciona de que el testador era un enfermo mental

a la fecha del otorgamiento, que carecía de las facultades de

entender y querer lo que hacía, destruyéndose la presunción

derivada de la consideración como capaz de toda persona

que no haya sido legalmente incapacitada, y que esa

circunstancia se daba no en cualquier momento anterior o posterior

sino en el preciso instante del otorgamiento del testamento y su

complemento.

SAP Las Palmas, Sec. 4.ª, 333/2012, de 16 de julio: La

cuestión nuclear de la controversia que se centra en determinar la

capacidad del autor del testamento cuestionado, conviene que

recordemos que conforme a las previsiones contenidas en el artículo

662 de nuestro Código Civil se presume un principio de capacidad

para otorgar testamento, como capacidad o aptitud natural, en

cualquier persona con las excepciones a que se refiere el artículo 663

del mismo texto legal , teniendo especial interés a los efectos en la

presente litis discutidos, las previsiones contenidas en el número 2 de

este precepto en el que se declara la incapacidad para testar de «El

que habitual o accidentalmente no se hallare en su cabal juicio»,

siendo de cuenta de quien impugna un testamento por considerar en

este estado al testador el probar precisamente la falta de capacidad

del mismo, destruyendo la presunción de capacidad del artículo 662

del Código Civil mediante pruebas suficientemente convincentes de

que en el acto de la disposición testamentaria el testador no se

hallaba en su cabal juicio.

Por otra parte, no debemos olvidar que los testamentos objeto

de discusión entre las partes en litigio, se otorgó ante Notario, y a

tales efectos el artículo 685 del Código Civil obliga a este fedatario

público a «asegurarse de que, a su juicio, tiene el testador la

capacidad legal necesaria para testar», de forma que la constatación

de capacidad por el Notario también conforma una presunción iuris

tantum de la misma, susceptible de ser destruida por prueba en

contrario de quien interesa la nulidad de un testamento, y así se

indica en numerosas y reiteradas sentencias de nuestro Tribunal

Supremo de las que podemos citar a título de ejemplo las de 31 de

marzo de 2004 y 21 de noviembre de 2007 , por tan solo citar

algunas.

En resumen la doctrina jurisprudencial mantiene la posibilidad

de declaración de nulidad de un testamento por falta de capacidad

del testador, siempre que se acredite la misma en el momento de su

otorgamiento, y a estos efectos, como se indica en sentencia de 29 de

marzo de 2004 de nuestro Tribunal Supremo ; a) La capacidad

mental del testador se presume mientras no se destruya por prueba

en contrario; b) Que la apariencia de esta capacidad ha de ser hecha

con referencia al momento mismo del otorgamiento; c) Que la

afirmación hecha por el Notario de la capacidad del testador, puede

ser destruida por ulteriores pruebas, demostrativas de que en el acto

de testar no se hallaba el otorgante en su cabal juicio, pero

requiriéndose que estas pruebas sean cumplidas y convincentes, ya

que la aseveración notarial reviste especial relevancia de

certidumbre….».

-Como recuerda el Tribunal Supremo en su sentencia del

26 de Abril del 2008 (ROJ: STS 2218/2008), Recurso: 388/2001

«La jurisprudencia ha mantenido reiteradamente la necesidad

de que se demuestre «inequívoca y concluyentemente» la

falta de raciocinio para destruir la presunción de capacidad

para testar (sentencia de 27 de noviembre de 1995) y que «la

incapacidad o afección mental ha de ser grave… no bastando

apoyarla en simples presunciones o indirectas conjeturas»

(sentencias de 27 de enero de 1998 , 12 de mayo de 1998 , 27 de

junio de 2005); asimismo, que la presunción de capacidad, favor

testamenti, «cabe ser destruido por medio de prueba

inequívoca, cumplida y convincente en contrario» (sentencia

de 19 de septiembre de 1998).

-Insiste reiteradamente dicha doctrina en la consideración

de que «el Notario debe apreciar la capacidad del testador en el

momento del otorgamiento del testamento (artículo 666 del

Código Civil)» (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11

de diciembre de 2009), debiendo coordinarse, a su vez, según

esta última sentencia citada, «la necesidad de salvaguardar la

voluntad del testador…con el principio favor testamenti,

especialmente cuando en el testamento interviene el Notario…».

-Como expresa la sentencia del Tribunal Supremo de 29

de marzo de 2009:

“a) la capacidad mental del testador se presume mientras no se

destruya por prueba en contrario. b) La apreciación de esta

capacidad ha de ser hecha con referencia al momento mismo del

otorgamiento. Y c) La afirmación hecha por el Notario de la

capacidad del testador, aunque puede ser destruida por ulteriores

pruebas, demostrativas de que en el acto de testar no se hallaba el

otorgante en su cabal juicio, se requiere que estas pruebas sean muy

cumplidas, y convincentes, ya que la aseveración notarial reviste

especial relevancia de certidumbre; habiéndose pronunciado en

idénticos términos las sentencias del Alto Tribunal de 27 de

noviembre de 1995 , 27 de enero , 18 de mayo y 19 de septiembre de

1998 , 31 de marzo de 2004 y 21 de noviembre de 2007” .

SEGUNDO.- Dicho lo que antecede procede, desde el punto

de vista fáctico, recordar que la madre de los litigantes otorgó

tres testamentos abiertos ante tres Notarios diferentes. Uno en el

año 1999, que no se impugna y que los demandantes consideran

válido y eficaz y solicitan que se declare su eficacia (punto 2 del

suplico de la demanda). Otro del 30-12-2001 ante el Notario Sr.

………y un tercero en fecha 11-11-2005 ante el Notario

Sr. ….respecto de los cuales en la demanda se solicita la

nulidad.

Considerando que el art 666 CCV establece que “para

apreciar la capacidad testador se atenderá únicamente al estado en

que se hallare al tiempo de otorgar el testamento” y que lo relevante

es solo ese momento concreto y no su capacidad, ni antes, ni

después, de expresar la voluntad testamentaria notarial; y

considerando que entre uno y otro de los testamentos cuya

nulidad se pretende han transcurrido cuatro años de tiempo,

debe de analizarse cada una de las voluntades testamentarias por

separado y de forma individualizada, lo que exige como punto de

partida hacer dos precisiones iniciales (art. 218 LECv):

1ª.- Es significativo, y la Sala no puede obviarlo en este

proceso de motivación de la sentencia, que junto con la demanda

únicamente se aporta como único material probatorio, cuanto se

impugnan dos testamentos emitidos con cuatro años de

diferencia (2001 y 2005), una especie de “informe-recordatorio”

de un psicólogo que se fecha en el año 2011 y que relata hechos

del año 1989 sobre una única visita de la Sra. del Río.

En ese informe retrospectivo no se expone ninguna

enfermedad que limite su cabal juicio a los efectos de la emisión

libre y voluntaria de su voluntad testamentaria y donde no se

recoge test-mimental alguno, ni medicación, ni deterioro

cognoscitivo, salvo un leve deterioro por amnesia de fijación y

cierta desorientación, y donde no se va más allá de exponer una

impresión diagnóstica de trastorno de dependencia o de

trastorno del estado de ánimo y ansiedad que ni se explicita en

sus efectos, ni se expone en que medida podía afectar a su

voluntad testamentaria; y ello sin olvidar que el propio

informante (Sr. Rodríguez) dice que no realizó ni seguimientos,

ni más pruebas y que desconoce su evolución. (f. 174).

2ª.- En todo caso, y con este escaso bagaje probatorio que

sustenta la demanda, debe de reiterase que no se impugna el

testamento mas próximo a ese documento (el de 1999), sino los

testamentos de dos y cinco años después y sobre los que ninguna

prueba médica se aporta con la demanda para fundar la

pretensión de la demanda (art 5 LECV).

En todo caso, como se ha indicado, debe de analizarse la

jurisprudencia expuesta y los hechos enjuiciados en función de

las fechas, tiempos y estado de la causante en el momento de la

emisión de cada voluntad testamentaria, pues el art. 666 CCv

refiere la valoración de la capacidad “al tiempo de otorgar el

testamento”.

2-1.- Testamento abierto de 30-12-2001 otorgado ante el

Notario Sr.…….

Examinada la prueba obrante en la causa no se aprecia

actividad probatoria alguna que acredite que en esa fecha la

testadora se hallaba privada de su cabal juicio para emitir su

voluntad testamentaria, que se presume libre y apreciada como

bastante en el juicio de capacidad notarial que obra en el inicio

del testamento, donde se dice: “Conozco a la testadora que -a mi

juicio- verifica este acto en la integridad de sus facultades mentales y

con plena capacidad legal para testar”; y ello por las siguientes

razones:

a.- El único perito que ha intervenido en la causa tanto en

fase de emisión de informe, como de ratificación en el juicio oral,

pone de manifiesto que en el año 2001 y en concreto en

Noviembre, a raíz del informe del neurólogo de la clínica de

Navarra (Sr. Martínez Lage), se constata una situación de posible

alzehimer en un grado inicial que se corresponde con una

demencia leve y no existe dato médico alguno que permita

derivar que carecía de capacidad para emitir su voluntad

testamentaria; y máxime cuando el Neurólogo referido Sr.

Martínez dice en un documento de 7-01-2002 lo siguiente: “Con

los datos del informe médico de 26.11.01 no puedo afirmar que

María Dolores estaba incapacitada entonces para otorgar

testamento”.

b.- Se invoca en el recurso un informe de 2-07-1990 sobre

una situación depresiva y ansiosa con tratamiento de lexatin y

otro de 10-02-2000 del departamento de medicina interna de la

clínica de Navarra, donde se habla de dificultad para recordar o

saber el día de la semana o antecedentes de demencia.

Ahora bien, por un lado, son informes del departamento de

medicina interna emitidos en el contexto de otra patología y, por

otro, ninguna referencia hacen a su capacidad volitiva y cognitiva

para emitir testamento y no se refieren a voluntad testamentaria

alguna, ni se deriva de su contenido que no pueda estar en su

cabal juicio por el hecho de tener algún grado leve de pérdida de

memoria o de desorientación o de dificultad con el manejo del

dinero; pues eso no afecta a su facultad de percepción, de

comprensión y de emisión de su voluntad testamentaria.

c.- Los informes neurológicos mas próximos a diciembre de

2001 son los emitidos en la clínica de Navarra de 23-05-2001 y

de 26-11-2001 (f. 91 y ss), cuando la madre de los litigantes tenía

70-71 años. En ellos, aún cuando se relatan olvidos o que tiene

pérdida progresiva de memoria, lo cierto es que el diagnóstico es

de deterioro cognitivo ligero con un tratamiento de Aricepet y

en el segundo informe de probable enfermedad de alzeimer

CDR 1 con tratamiento de Aricepet y Tanakene.

Es decir, aún cuando evoluciona de un informe a otro con

un empeoramiento en la puntuación de los tests, es lo cierto que

la memoria episódica se mantiene en grado moderado y que

mantiene un lenguaje fluido y sin que se constate ni se acredite

incapacidad para emitir una voluntad testamentaria y el

deterioro cognitivo se sigue calificando de “leve”, y en ninguna

prueba se determina como invalidante para emitir la voluntad

testamentaria.

d.- Como se ha indicado al exponer la jurisprudencia

aplicable al caso no debe acudirse para valorara la capacidad de

emisión de la voluntad testamentaria ni a presunciones, ni a

conjeturas, ni es técnica adecuada ni propia de un proceso

discursivo en una sentencia judicial, responder a preguntas

retóricas como las que formula el apelante (f. 496- 498); pues no

debe de confundirse la manifestación de la voluntad

testamentaria, con que en la traslación de esa voluntad al

testamento por el Notario autorizante se usen términos como

usufructo, albaceas o tercio de mejora o de legítima, pues el

testador puede no conocer esos conceptos jurídicos, pero ello no

supone que no haya emitido su voluntad testamentaria con cabal

juicio al Notario autorizante y que su voluntad no haya sido

limitar la disposición a favor de alguno de sus hijos a la legitima

estricta.

e.- Asimismo, tampoco este Tribunal puede admitir, ni

compartir como elemento probatorio las manifestaciones del

apelante de que “cualquiera que haya asistido a otorgar algún

documento público ante los socialmente bien considerados Notarios,

habrá podido comprobar de qué forma tan inexacta y poco rigurosa

valoran la capacidad volitiva del otorgante. Cualquier persona bien

arreglada y sin defectos físicos exteriores que no lee por si misma el

contenido del documento (a su vez leído por el Notario y nunca de

forma exhaustiva), una vez puesta a la firma, otorgue testamentos y

documentos subjetivamente analizados como válidos cuando la

realidad es bien distinta. ¿Es que los Notarios son Psiquiatras?, ¿Es

que no es cierto esto en la practica Notarial?, ¿Es que un Notario va

a desmentir su propia apreciación puramente subjetiva o la de otro

colega?. Debemos concluir que la prueba Notarial está revestida de

absoluta inseguridad legal”.

Para admitir estas afirmaciones como prueba debería de

concurrir la condición de “hecho notorio absoluto y general” del

art 281-4 LECv. En nuestro caso, no se aprecia esta circunstancia

de la notoriedad y, además, la Jurisprudencia es clara y reiterada

sobre el valor de la apreciación notarial de la capacidad

testamentaria del testador; por lo que procede desestimar la

demanda en cuanto a la nulidad pretendida del primer

testamento que mantiene la legítima estricta para alguno de los

hijos.

2-2.- Testamento 11-11-2005 otorgado ante el Notario

……

Del análisis de la prueba obrante en la causa sobre la

capacidad testamentaria de la testadora en Noviembre de 2005

es lo cierto que se aprecia un progresivo empeoramiento en su

situación neurológica y en la evolución desfavorable de su

demencia inicial leve. Ahora bien, este Tribunal se encuentra sin

una prueba determinante del estado de capacidad de la testadora

en Noviembre de 2005 y sin una prueba concluyente, irrefutable,

inequívoca, cumplida y convincente de origen medico que

acredite que el juicio de capacidad expresado por el Notario

autorizante que encabeza la comparecencia de la testadora sea

erróneo y que no tuviera capacidad para testar.

Mas allá de meros testimonios de parte, de indicios o de

conjeturas, no se aprecia por el Tribunal una prueba, que

corresponde a la parte demandante (art 217 LECV), que permita

afirmar de forma inequívoca con certeza y sin hipótesis,

posibilidades o conjeturas que la voluntad testamentaria de la

causante no era la manifestada en el testamento de 11-11-2005.

Esa dificultad probatoria se acrecienta cuando, se aprecia

que en ningún momento de las declaraciones vertidas en el acto

de la vista se afirma concluyentemente que al tiempo de

realizarse la declaración testamentaria tenía la testadora una

situación anímica de raciocinio y de querer incompatible con

emitir su voluntad testamentaria o un estado neurológico que le

hacía incapaz para la toma de decisiones como, referido a una

persona de 90 años, determina la AP Baleares, Sec. 3.ª,

443/2011, de 18 de noviembre.

Tampoco se aprecia la situación contemplada en la TSJ

Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1.ª, 45/2011, de 17 de

octubre donde eran hechos incontrovertidos que la testadora

contaba con 96 años de edad cuando otorgó el testamento

cuestionado, que vivía recluida en la casa, postrada en la cama

durante la mayor parte del día, privada del sentido de la vista,

sin capacidad psicomotriz, necesitada de cuidados permanentes

durante las 24 horas del día, y que murió al cabo de dos meses

de dicho acto; ni la situación referida en la AP Guipúzcoa, Sec.

3.ª, 49/2009, de 11 de febrero donde al testadora padecía una

encefalopatía vascular crónica (con 86 años de edad ) que

requería la ayuda de otra persona para la mayoría de las

actividades de la vida diaria, que escasamente un mes después

del Acta de Manifestaciones tenía trastornos de la memoria,

alteraciones respecto a la comprensión, alteraciones de juicio,

desorientación temporal y espacial, imposibilidad de realizar

cualquier actividad, imposibilidad de asearse, relajación de

esfínteres, con una dependencia total que debido a un

tratamiento muy fuerte contra un Herpes Zoster, territorio L-2, L-

3, sufrió un fuerte deterioro.

En orden a motivar esta convicción del Tribunal, procede

realizar las siguientes consideraciones (art. 218 LECv), derivadas

de la prueba obrante en la causa:

a.- Es cierto que dada la progresividad del deterioro de la

madre de los litigantes y su naturaleza degenerativa su evolución

ha sido desfavorable, sobre todo a partir de 2003, como se deriva

del informe de la clínica de Navarra de 2003, donde ya se

hablaba de “probable enfermedad de alzehimer” (f. 96) con

descenso de puntuaciones; pero también es cierto que mas allá

de testimonios parciales o interesados de las partes litigantes

divididas en el proceso, es lo cierto que ninguna prueba médica

ratificada en el juicio oral y sometida a contradicción ha puesto

de manifiesto de forma inequívoca que el día 11-11-2005 la Sra.

del Río no emitió ante el Notario autorizante su verdadera

voluntad testamentaria que limitaba para tres de sus hijos su

disposición a la legítima estricta; y ello sin pasar por alto que en

el propio informe de 2003 de Navarra se expone que es

autónoma para aseo y vestido, que no tiene alucinaciones, que no

está baja de ánimo y que no ha tenido problemas de orientación

espacial y que mantiene el mismo nivel funcional.

b.- No podemos olvidar que la cuestión es compleja y

dubitada, pues concurre una cuestión médica propia de la

neurología o de la psiquiatría donde deben de valorarse grados,

intensidades o afecciones cognitivas; por lo que se requiere una

prueba cumplida que acredite esa situación de capacidad en un

día y una hora concretos y, además, cuando ya obra una

valoración de capacidad por el Notario autorizante del

testamento.

Todo ello es aún más complejo en casos como el presente

en los que el grado de afección se califica como moderado y, por

lo tanto, en un estadio evolutivo que precisaba de especial

prueba, que la parte actora no ha aportado, pues en ningún

momento se traen ante el Tribunal: ni a los médicos neurólogos

que vieron a la testadora entre el año 2002 al 2005, tanto de la

clínica de Navarra, como en el hospital de Burgos y que podían

haber dado testimonio de sus informes, de sus notas manuscritas

o de sus apreciaciones sobre el estado de la testadora; ni se ha

aportado una prueba tan sencilla como los médicos de cabecera

de su lugar de residencia; ni se ha citado al Notario autorizante,

ni a empleados de la notaría.

Esta ausencia probatoria no puede suplirse con los

testimonios interesados, incompatibles y totalmente divergentes

de familiares directos (hijos litigantes) o indirectos (yerno) o poco

determinantes de una empelada de hogar (vídeo II), cuyo

contenido queda explicitado en el acta videográfica del juicio

oral y que el Tribunal ha visionado: tanto el video I (Ángel, Elías

m.19 y ss, Rosario, Dolores m.31, Joaquín m.41) como el video II

(Elena m. 1.56 y ss, Oscar Nebreda m.11-13, empleada m.30). Al

respecto, es relevante y aplicable a este caso indicado en la STS,

Sala Primera, de lo Civil, 280/2004, de 31 de marzo: El

Tribunal de Instancia, tuvo en cuenta y analizó la suministrada por

el perito judicial doctor Cesar , -que en principio y substancialmente

mostró su acuerdo con las del Dr. Isidro (prueba preconstituida,

aportada con la demanda) y señaló que la patología básica de la

testadora era demencia de tipo Alzehimer vascular o mixta y sus

síntomas son principalmente intelectuales (amnesia, afaxia y

apraxia), pero no podía aportar certeza de su estado en la época

que testó y los síntomas de la enfermedad de continuar el proceso

que venía padeciendo, deberían de haberlos apreciado el Notario

otorgante, por lo que no podía establecer la posibilidad de que

estuviera muy mal, sin aportar conclusiones definitivas y sólo

conjeturas e hipótesis, por lo que se trata de un informe dubitativo al

sentar sólo suposiciones y no hechos concluyentes respecto a que la

testadora estuviera efectivamente demenciada”.

c.- Se ha debatido en la causa si el documento emitido por

el Dr. Iglesias Díez en fecha 27-07-2005 es un “informe” o una

“receta” (f. 99) y cual es su valor probatorio. Es cierto que el

documento incluye un juicio clínico y un tratamiento pues dice:

“Dolores del Río Babío 9/216992. Juicio Clínico: 1/ Demencia vertical

1ª tipo Alzehimer (GDS-4). Mantener el tratamiento actual con: 1/

Aricept-5 mg: 1c/cena. 2/ Axcera-10 mg: 1c cada 12 horas”.

Sea uno o lo otro es lo cierto que el Tribunal se encuentra

con la misma situación procesal y probatoria antes aludida y es

que ni en el documento se dice cual es el alcance de la expresión

GDS-4, ni se hace una valoración de esta gradación, ni su

afectación a la capacidad de emitir testamento, ni ha

comparecido para explicar ese documento el médico que lo

emite y que, dado que es emitido por la consulta de neurología,

podía haber sido clarificador.

Pero es que respecto de este documento no es interrogado

con la profundidad debida el único perito de la causa y que

informa a instancia de la parte demandada, que se limita a decir

en su informe lo siguiente: “Este estadio se corresponde con una

enfermedad de Alzheimer moderada por lo que su capacidad podría

estar conservada si bien no se aporta una evaluación detallada del

grado de afectación de las diferentes áreas cognitivas que me

permita dar un juicio más categórico”.

Es decir, al Tribunal no le resulta posible afirmar que el día

11-11-2005 la testadora no tenía capacidad para emitir su

voluntad testamentaria y que el Notario autorizante valoró de

modo incorrecto su apreciación de la capacidad de la testadora;

por lo que debe de entenderse que la parte acorta no ha

superado, ni la presunción de veracidad de la manifestación

notarial, ni la carga de la prueba de acreditar la falta de

capacidad; ni la presunción del art 662 C.Cv de que pueden

testar todos aquellos a los que la Ley no se lo prohíbe, como

serian los supuestos del art 663 CCV.

d.- Lo único manifestado por el perito en el juicio, mas allá

de divergencias sobre el valor del denominado “documento

Sitges” o su grado de aceptación por la comunidad científica, es

que, a preguntas de la “juez a quo”, indicó que la Axura es un

medicamento para el alzehimer en grado moderado-grave; pero

ello, y debe de reiterarse, no supone una prueba cumplida y

plena y con un grado de certeza bastante de que la testadora por

el mero hecho de tomar ese medicamento no pudiera emitir su

voluntad testamentaria, dado que no se ha aportado prueba de

que, en atención a una progresividad y a una específica

hetereogeneidad de los procesos degenerativos, la causante no

pudiera emitir su voluntad de forma bastante para que el

Notario la plasmara en el testamento impugnado.

Si la evolución es un proceso progresivo, la prueba que

incumbe a la parte actora es la afección de ese proceso evolutivo

en el momento concreto de emitir la voluntad testamentaria y

esa prueba no se ha aportado con el grado de convicción exigible

y siempre mas allá de hipótesis o conjeturas; y más en un caso

como el presente en el que concurren testimonios de hijos, de un

yerno, que se propone (véase A. Previa f. 206) y que comparece

como testigo, y de una empleada, absolutamente contradictorios

y divergentes, que van desde unos hijos y una empleada que

afirman la plena capacidad de la testadora y su autonomía de

actuación y decisión, hasta el testimonio de otros hijos que hacen

referencia a su falta de voluntad al dejar a tres de sus hijos la

legítima estricta y la influencia del padre sobre al voluntad de la

madre.

e.- En relación con los informes del hospital Yagüe de 29-

11-2004 y 29-09-2005, es cierto que corroboran la progresión del

padecimiento de la testadora, pero, como se ha apuntado, no son

pruebas concluyentes, ni definitivas, ni elevan las consideraciones

del apelante (f. 505) a la categoría de prueba plena y concluyente

de la incapacidad testamentaria de la madre de los litigantes.

Así, esos informes, que no son informes periciales, no han

sido sometidos a contradicción para que pudieran valorarse

como prueba documental definitiva sobre la capacidad de la

testadora; ni se ha citado a sus autores para que los expliquen y

clarifiquen tanto en relación con las notas a mano, a veces

ilegibles, como sobre sus impresiones clínicas; y bien entendido,

en esos informes no se excluye la capacidad de testar. Por ello,

debe de compartirse el criterio de la AP Valencia, Sec. 8.ª,

669/2008, de 11 de noviembre en un caso de alzehimer donde

se dice: en el presente procedimiento no existe informe pericial

alguno que sea concluyente y preciso que destruya la presunción de

capacidad de la testadora y ello por que la capacidad del testador

ha de destruirse con severidad precisa, acreditando que estaba

aquejado de insania mental con evidentes y concretas pruebas, ya

que juega a su favor la presunción de capacidad establecida en el

artículo 662 , no obstante admite que pueda destruirse mediante

pruebas cumplidas y convincentes demostrativas de que en el acto de

la disposición testamentaria la testadora no se hallaba en su cabal

juicio, lo que aquí no ha ocurrido, insistiendo en que la prueba de

incapacidad mental del testador es de cargo del que promueve

la nulidad del testamento.

En todo caso, no puede olvidarse, según la historia clínica,

que en 2005 sale a la calle acompañada y maneja el dinero en

parte y se asea y viste y que solo partir de Junio de 2006 ya no

maneja el dinero y que solo a partir de Noviembre del 2006 es

cuando el deterioro ya no es moderado-grave como se dice en el

informe de 2005, sino grave-muy grave, como se deriva de los

cuadernos de anotación ( fg. 412 y ss) y que en todo caso en el

informe de 2005 se dice: “OBSERVANCIA DE PRESENTACION Y

CONDUCTA DURANTE LA PRUEBA. Durante la exploración se

muestra abordable y colaboradora. Aparenta su edad, buen aseo

y vestido, no presentando datos de negligencia espacial. Muestra

humor concordante con la situación. Gran distraibilidad a nivel

atencional. Ausencia de alteraciones motoras ni conductuales.

NIVEL DE CONCIENCIA. No presenta alteraciones del nivel de

conciencia. PENSAMIENTO, RAZONAMIENTO Y JUICIO.

CALCULO. Realiza correctamente el cálculo mental sencillo,

encontrando mayores dificultades al introducir un contenido

semántico a la tarea (problemas aritméticos)”; y ello sin olvidar

que la calificación de grave-muy grave fue un año después del

testamento y que la causante falleció cinco años después en

2010. Es decir, cuando la testadora emite su voluntad, ni tenía

una edad muy avanzada, como en otro caso antes expuesto 90-96

años, ni falleció de manera próxima al testamento (pasaron cinco

años), ni había culminado la progresión de su enfermedad, ni

había pasado a un estadio grave-muy grave, lo cual solo se

produjo meses después en junio 2006.

Asimismo, si se repasa la grabación videográfica del juicio

oral en el aspecto médico, puede comprobarse que solo declara

el perito propuesto por la parte demandada. Cuando

corresponde a la parte demandante la carga de probar lo que

afirma en su demanda y de desvirtuar la presunción notarial de

capacidad, resulta que no aporta prueba pericial médica alguna,

ni tampoco testifical del médico de cabecera o del personal de

enfermería del centro de salud que pudiera haber atendido a la

madre de los litigantes, ni del neurólogo que emite el documento

de 27-07-2005 que hace un juicio clínico de GDS-4 y que podría

haber explicado el alcance de esa escala en el caso concreto que

nos ocupa.

Ello hubiere sido muy importante en esta causa dado que

no existen marcadores biológicos sobre el nivel de evolución de

la enfermedad y la escala 4 se refiere a suponer un alzehimer

moderado; lo que exigía una muy sólida acreditación de la falta

de capacidad de la testadora, dado que se trata de una

enfermedad sometida a escalas o grados y se precisaba

determinar la intensidad de la afección en un aspecto tan

concreto como la capacidad testamentaria, previamente apreciada

en sede notarial y con efectos de fuerza presuntiva.

f.- Este Tribunal, no por consejo, sino por la necesidad de

valorar de forma adecuada la prueba obrante en la causa, ha

visionado el acta videográfica del juicio oral (art 147 LECV) y ha

considerado los testimonios muy divergentes de los hermanos

litigantes conforme al art 316 LECv. Así, ha constatado que cada

parte solo reconoce hechos que le son favorables en función de

su propia posición procesal y que existe, como se ha indicado,

una divergencia radical en la valoración del estado de la madre

tanto físico como mental de criterio y voluntad en el año 2005,

que va desde la plena capacidad y absoluta independencia que

manifiestan…….. (video I) frente a………..(V. I) y…..

(video II) que refieren la dependencia de la madre respecto del

padre, pero lo cierto es que todos coinciden en que ni……,

ni….. acudieron a la casa paterna al menos desde el año 2001

ni de manera individual, ni en reuniones familiares.

g- En cuanto a los testigos se ha valorado su testimonio

conforme al art 376 LEcv y también son divergentes sobre la

situación de la testadora. Así, lo cierto es que el Sr. Nebreda que

comparece como testigo (V II m. 11-13), aunque sea psiquiatra de

profesión, además de yerno de la testadora al estar casado con

una demandante (Mª……), manifiesta que vio a su suegra

por última vez a primeros del año 2000 y, por lo tanto, uno y

cuatro años antes de los testamentos litigiosos. Todo ello, sin

olvidar que no puede compartirse la afirmación del recurrente (f.

505) de que el Sr.……. sea único testigo-perito “a nuestro

alcance”, pues fue propuesto como testigo, no ha emitido informe

alguno, es yerno de la causante y esposo de una de las

demandantes y no es el único testigo posible; pues bien podían

haberse propuesto otros médicos imparciales como los firmantes

de los informes analizados o médicos de cabecera del centro de

salud de su domicilio o especialistas del hospital General Yagüe

que examinaron a la causante.

Respecto de la cuidadora ( v II m 34) aunque relata una

situación de capacidad y autonomía para ducharse, comer, la

ausencia de influencia de su marido, su carácter alegre, su propio

criterio, vestirse ir a la peluquería o conversar de la causante, lo

que abundaría la tesis de la parte demandada sobre la autonomía

de decisión de la madre de los litigantes, es lo cierto que por

razones obvias no aporta elemento directo probatorio médico

alguno para valorar la capacidad testamentaria de la actora en el

año 2005.

En todo caso, este Tribunal, a los efectos de esta causa y de

su objeto, no puede considerar relevantes, ni determinantes, los

testimonios sobre las relaciones íntimas y personales entre los

hermanos o sobre cuestiones íntimas de la familia o sobre la

mayor o menor intervención del Sr….. en la carrera

profesional de su yerno, o sobre la posibilidad de que su madre

se hubiere separado de su padre, pues lo cierto es que no costa

demanda alguna de separación o divorcio, ni denuncia por malos

tratos, ni inicio de proceso de incapacitación alguno, ni informe

de que la voluntad de la madre estuviere anulada por la

influencia del padre, o sobre préstamos entre el codemandado

(Sr……) y el codemando (……) o sobre negocios

familiares; ya que como se fijó en la demanda y en la A. Previa, y

recordó con reiteración la “juez a quo” en el acto del juicio oral,

el único objeto de esta causa es valorar la capacidad de la madre

para otorgar testamento válido.

h.- Por ultimo, en cuanto a la alegación de que “se nos privó

del correspondiente informe” en relación con el informe

pretendido del Dr….., debe de ratificarse lo ya resuelto por

esta Sala en Autos no recurridos y firmes de 11-09-2012 y 20-

XII-2012 sobre la inadecuada proposición de esa prueba a los

efectos del art. 283 LECv y art. 460 LECv.

A ello debe añadirse, por un lado, la doctrina

Jurisprudencial relativa al art. 337 LECv y a su estricta

interpretación establecida en la STS de 20-XII-2010 (R. 965/2007)

y su plazo y tiempo de presentación y, por otro lado, que en

ningún momento se plantea motivo de impugnación sobre la

actividad probatoria propuesta, a los efectos del art 459 LECv,

sino que el cauce procesal articulado es el art. 460 LECv y art.

464 LECv y ya se resolvió sin impugnación, ni recurso alguno,

conforme a los Autos indicados, por lo que devinieron firmes.

TERCERO.- Oposición-impugnación. Adhesión.

3-1.- Admisibilidad.

Pocas consideraciones procede realizar para desestimar la

alegación previa de la parte apelada de “inadmisión del recurso”

por infracción del art 485-2 LECv, pues resulta manifiesto que

como la sentencia es desestimatoria en su integridad de la

demanda y se solicita la revocación plena y la estimación de la

demanda en su integridad, lo impugnado es la sentencia en sus

fundamentos referentes a la desestimación de la demanda; y, por

lo tanto, no es preciso invocar pronunciamiento alguno de forma

específica, pues se impugna la sentencia de instancia en tanto en

cuanto que desestima la demanda.

3-2-Costas de la primera instancia del demandado-allanado

(Impugnación de D………..).

Es cierto que el Fundamento Jurídico 4º relativo a las costas

de la primera instancia precisa alguna aclaración. Así, las costas

de la parte demandada-opuesta se imponen a los demandantes

conforme al art. 394 LECv pues se desestima la demanda. Ahora

bien, en relación con las costas del demandado-allanado nada se

dice en el fallo de la sentencia, ni se hace referencia en el

Fundamento Jurídico indicado al art. 395 LECv.

Ante las dudas de hecho (art. 394 LECv) derivadas del

proceso evolutivo gradual de la salud de la testadora y expuestas

sobre la capacidad de la testadora en el año 2005 no se aprecia

ni temeridad, ni mala fe, ni fraude en el allanamiento de

……; y, por lo tanto, no se hace expresa imposición de costas

en la primera instancia sobre las causadas por el codemandadoallanado,

conforme al art 395 LECV.

Ello supone que procede desestimar la solicitud de la parte

demandada-principal que solicita la imposición de las costas del

allanamiento a la parte demandada-allanada por temeridad y

mala fe y la pretensión por vía de adhesión de la parte

demandada-allanada que solicita la imposición de costas a los

demandantes (f. 517).

CUARTO.- Costas de la apelación.

4-1.- No se hace expresa imposición de costas en esta

Alzada ni respecto de los apelantes-principales, ni respecto del

allanado-adherido, por aplicación del art 398-1 LECv, al

apreciarse, conforme al art 394 LECv, serias dudas de hecho,

como se ha manifestado en la motivación de la sentencia, sobre

el segundo testamento y dado que esas dudas se han resuelto

conforme a los principios de aportación de prueba y de carga de

la prueba, que no han desvirtuado la presunción de capacidad

testamentaria derivada de la apreciación notarial.

Asimismo, no concurre temeridad procesal o mala fe

procesal, que no se aprecia ni en la demanda-principal, ni en el

allanamiento; y bien entendido que el hecho de que la defensa

del allanado este vinculada con la defensa de los demandantes

no es causa de “fraude procesal”; dado que el único parámetro

para la imponer las costas al allanado es la “mala fe” del art 395

LECv, que, como se ha expuesto, no se aprecia en ningún caso.

Todo ello, sin olvidar el estricto alcance familiar del presente

litigio sustanciado entre los hermanos y con posiciones

divergentes sobre la voluntad testamentaria de la madre.

4-2.- En cuanto a la petición de la parte apelada (punto iii

de su escrito de oposición al recurso de apelación (f. 615),

procede considerar que la parte apelada no ha formulado, a los

efectos del art. 461 LECv, ninguna impugnación como se deriva

de la diligencia de ordenación de 13-05-2012 (f. 619); por lo que

no procede estimar las peticiones subsidiarias, tanto por el

principio de derecho de defensa; como del principio: “tantum

devolutum, quantum apelatio”, como por las dudas de hecho

expuestas, como por la ausencia de temeridad o mala fe.

FALLO

Por lo expuesto, este Tribunal decide:

Desestimar el Recurso de Apelación interpuesto por la

Procuradora Dª. Beatriz Domínguez Cuesta, en nombre y

representación de Dª. XXXXXX ………. y desestimar el

Recurso de Impugnación articulado por el Procurador D.

Alejandro Junco Pretement, en nombre y representación de D

XXXXXX .., contra la Sentencia de fecha……….. dictada

por la Sra. Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Villarcayo, en

los autos de Juicio Ordinario nº…….

Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas de la

primera instancia en relación con el demandado-allanado y

manteniendo la imposición del resto de las costas de la primera

instancia a los demandantes.

No se hace expresa imposición de las costas de la segunda

instancia causadas ni por el recurso de apelación principal, ni

por la adhesión al Recurso de Apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá

certificación al rollo de apelación, notificándose a las partes, lo

pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior

Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. Juan Manuel

Carreras Maraña estando celebrando Audiencia Pública el

Tribunal en el mismo día de su fecha, de lo que yo el secretario.

Doy fe.

NOTA.- Véase en el Libro Registro de Resoluciones al folio

385

NOTA.- Queda puesta certificación en el Rollo de

Apelación.- Doy fe.

Reflexiones de una letrada

  1. Antonio
    viernes, 8 de mayo de 2015 a las 18:05 | #1

    Hola,
    Realmente clarificadora la sentencia.
    Pero con toda esta jurisprudencia esta claro que es difícil evitar que desaprensivos se aprovechen de personas afectadas en concreto de Alzheimer.
    Los que hemos tenido familiares con esa enfermedad sabemos que tienen momentos mas o menos lucidos pero que han perdido una parte importante de sus facultades, y por tanto es relativamente fácil ir al notario cuando tenga un aspecto mas o menos bueno, y como nos ha sucedido a nosotros conseguir que cambie el testamento a favor de la persona que lo cuidaba.
    El caso al que me refiero son tres hermanos de edades avanzadas, en la que el hermano menor cuida de su hermana apartándola prácticamente del resto de la familia y que apenas unos meses después de conseguir que cambie el testamento la ingresa en una residencia y muere al poco tiempo.
    Mi madre la hermana mayor y muy delicada de salud apenas podía ir a visitarla siempre que podía pero tenia muchos problemas para conseguirlo puesto que casi nunca lograba abrir la puerta. Después supimos que no podía porque la llave que tenia no correspondía a la cerradura. Solo la tenia el hermano menor y un vecino que se negó a abrirle a mi madre.
    La lastima es que en esos momentos ni se nos podía pasar por la cabeza todo eso.
    La cuestión es que 4 años y medio después de que se le diagnosticara Alzheimer cambió el testamento, muriendo apenas un año mas tarde. En ese cambio le deja toda su herencia a su hermano.
    Mi madre que se ha pasado toda su vida ayudándoles a ambos por ser la hermana mayor, imagínese como se siente.
    Pero por lo visto esto es la legalidad vigente, en fin ….
    No sería mas lógico que en un caso como este, una persona a la que se le ha diagnosticado una enfermedad de este tipo, de avanzada edad y para un cambiar un testamento (realizado muchos años antes), acompañada seguro por la `persona a la que le deja todos sus bienes, ¿tuviera que advertir al notario, ella o su familia, la enfermedad que padece?
    gracias por el artículo.

  2. jose de miguel
    viernes, 11 de diciembre de 2015 a las 11:14 | #2

    y tanto que es dificil,la contraria parte ha perdido impugnacion de testamento de mi padre con un auto de internamiento involuntario y un informe medico de un forense judcial.La prueba tiene que ser una bomba.

  3. abogadomalagueño
    viernes, 15 de enero de 2016 a las 18:23 | #3

    Con todos mis respetos veo un grave error de planteamiento de PRUEBAS de la demanda. La explicación la doy tras esta pregunta: ¿DE QUE MANERA LLEGA A CONOCIMIENTO DEL NOTARIO LA VOLUNTAD DE LA TESTADORA?. A bote pronto cualquiera pensaría que porque la testadora así se la manifestó verbalmente al Notario…….Pero en la gran mayoría de las ocasiones esto NO es así. Me explico……En las notarías trabajan unos profesionales llamados «oficiales». Son quienes se encargan de hacer de filtro con los clientes y SON LOS QUE ELABORAN LOS DOCUMENTOS QUE LUEGO FIRMARÁ EL NOTARIO (Según le indique el interesado, bien por correo electrónico, bien por teléfono o bien, presencialmente). Plasman la voluntad del testador en un documento llamado protocolo y luego el notario lo lee al testador y se firma. De haber sido yo el abogado de la demandante hubiera pedido una prueba antes de demandar: Que se requiera al Sr. Notario……para que indique cual de sus oficiales fue quien redactó el testamento y, una vez averiguado esto, se cite a dicho oficial para que acredite quien y como le indicó la voluntad del testador………………Si hubiera habido una manipulación del testador podemos estar seguro que esas indicaciones no las habría hecho la testadora…..Desde ahí podríamos seguir tirando del hilo y las posibilidades de éxito se incrementarían exponencialmente.

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