lunes, 14 de mayo de 2018

Recurso de casación. Valoración de la prueba.

Hoy voy a referirme a los recursos de casación que interponemos ante el Tribunal Supremo. En ocasiones el citado Tribunal dicta resoluciones de inadmisión de recursos alegando que no se trata de una tercera instancia y que no van a valorar nuevamente la prueba valorada en instancias anteriores mermando a mi entender de un modo palmario el derecho de defensa de las partes así como el derecho a tutela judicial efectiva en aquellos supuestos en los que la valoración de esa prueba en instancia inferiores fue claramente arbitraria o sesgada. Al tratarse de apreciaciones subjetivas del Tribunal (qué es valoración sesgada o arbitraria) los letrados nos encontramos al recurrir en casación con “un muro” que en pocas ocasiones se puede tumbar. Esta mañana he recibido una sentencia del Tribunal Supremo que resuelve un recurso de casación por un asunto de Desheredación por indignidad por abandono de hijo incapaz que más allá del fondo del asunto me ha parecido relevante y de interés para todos por recoger las reglas a tener en cuenta en casación para determinar la existencia de error patente, arbitrariedad o irrazonabilidad en la valoración de la prueba.

Os dejo los comentarios completos, (que no son míos) a la citada resolución:

 

DESHEREDACION POR INDIGNIDAD: ABANDONO; MENOR DE EDAD (756.1 CC) VSS DISCAPAZ (756.7 CC); INFRACCION PROCESAL Y CONTROL CASACIONAL DE LA VALORACION CONJUNTA DE LA PRUEBA; DOCUMENTO PRIVADO; ERROR PATENTE Y RELEVANCIA CONSTITUCIONAL

ANTECEDENTES.-

El objeto del procedimiento, es la declaración de indignidad para heredar un padre a un hijo, discapacitado, al que no prestó las atenciones necesarias.

El Juzgado desestima la demanda, pero la AP la estima, po el abandono del madre al hijo.

El padre recurre y se desestiman ambos recursos, el extraordinario por infracción procesal y el de casación.

La Sala, tras criticar la estructura del recurso de casación, que se hace a modo de alegaciones, aborda:

RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCION PROCESAL: VALORACION DE LA PRUEBA.-

Argumenta cuando se convierte un recurso de casación en una tercera instancia al pretenderse la revisión de la prueba, que solo cabe cuando se conculca el artículo 24.1 de la Constitución Española por incurrir en error de hecho palmario, irracionalidad o arbitrariedad.

Cita doctrina sobre el control en casación de la valoración de la prueba, que en esta sede solo se hace cuando existe error patente, arbitrariedad o irrazonabilidad, y expone las siguientes reglas:

(i) que no es posible atacar la valoración conjunta de la prueba, o lo que es igual, que la parte no puede pretender una nueva valoración conjunta distinta a la del tribunal de instancia a quien corresponde esta función soberana

(ii) que tampoco puede atacar esa valoración conjunta mediante la impugnación de pruebas concretas ni pretender que se dé prioridad a un concreto medio probatorio para obtener conclusiones interesadas, contrarias a las objetivas y desinteresadas del órgano jurisdiccional. Pues ” el hecho de que no se tomen en consideración determinados elementos de prueba relevantes a juicio de la parte actora carece de trascendencia y no significa que no hayan sido debidamente valorados por la sentencia impugnada, sin que las exigencias de motivación obliguen a expresar este juicio.

(iii) que por lo anterior, la valoración de los documentos privados también debe hacerse en relación con el conjunto de los restantes medios de prueba, ya que una cosa es el valor probatorio de los documentos derivados en cuanto a la autenticidad, fecha o personas que intervinieron, y otra distinta la interpretación efectuada por la sentencia recurrida acerca del contenido de los documentos. La expresión «prueba plena» del artículo 326.1 LEC no significa que el tribunal no deba valorar el contenido de los mismos de acuerdo con las reglas de la sana crítica y en el conjunto de las pruebas aportadas.

(iv) que no es posible apreciar el error en la valoración cuando lo que se denuncia no es, propiamente, un error patente en la valoración de la prueba con relevancia constitucional sino que se cuestionan las conclusiones jurídicas extraídas de los hechos probados. Incorrecto planteamiento acontece cuando la parte recurrente no distingue entre el significado jurídico del documento y el del acto documentado, de tal forma que en lugar de cuestionar el valor probatorio dado por el tribunal sentenciador a un documento, lo que hace es combatir la conclusión jurídica del tribunal acerca su significado obligacional, tipo de contrato y voluntad o intención de las partes al celebrarlo.

El error patente es el «inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, por haberse llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios elementales de la lógica y de la experiencia».

Y no todos los errores en la valoración probatoria tienen relevancia constitucional, dado que es necesario que concurran, entre otros requisitos, los siguientes: 1°) que se trate de un error fáctico, -material o de hecho-, es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión; y 2°) que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales.

En suma, no se da prioridad al documento privado sobre el resto de medios probatorios, sino que lo valora en relación con el conjunto de los restantes medios de prueba.

En suma: si los incumplimientos fueron o no graves, a efectos de indignidad para suceder, excede del aspecto fáctico de este recurso, y como valoración jurídica es propia del ámbito del recurso de casación.

RECURSO DE CASACION: INDIGNIDAD PARA SUCEDER; ABANDONO DEBERES MENOR DE EDAD VSS DE DISCAPACITADO:

Cita sentencias anteriores aplicables a supuestos distintos, de causas previstas en el art. 756 Cc. que exige una interpretación restrictiva en su aplicación; a saber: TS La de 11 de febrero de 1946 (omisión por el heredero de la obligación de denunciar la muerte violenta del testador); de 26 de marzo de 1993 (abandono económico del padre a la hija que era mayor de edad y sin prueba de padecer necesidades perentorias insatisfechas, sino más bien al contrario; TS de 28 de junio de 1993 (falta de relación afectiva y comunicación entre la hija y el padre, al que abandonó sentimentalmente durante su última enfermedad).

Pero aquí se trata del abandono por su padre de un menor de edad con parálisis cerebral (art. 756.1 CC . vigente al tiempo del fallecimiento del menor acaecido el 10 de diciembre de 2013) e incumplimiento de la obligación alimenticia ( art. 756.7 CC .). O sea es un caso de desatención a un menor de edad, por lo que lo relevante no es la discapacidad (causa contemplada en el 756-7 Cc.)

Y cita la TS 484/2017, de 20 de julio , por remisión a la sentencia de 17 de febrero de 2015, que cualifican los alimentos hcia el menor de edad como procedentes de la solidaridad familiar y con fundamento en el artículo 39.1 y 3 CE , de mayor contenido ético del ordenamiento jurídico ( SSTS de 5 de octubre de 1993 y 8 de noviembre de 2013 ) porque son deberes insoslayables inherentes a la filiación, que resultan incondicionales de inicio con independencia de la mayor o menor dificultad que se tenga para darle cumplimiento o del grado de reprochabilidad en su falta de atención.

Por eso entiende la Sala se trata del abandono del hijo previsto como causa de indignidad en el n° 1 del art. 756 CC en la redacción vigente a fecha del fallecimiento del menor el 30 de diciembre de 2013.

ABANDONO.-

Reproduce la sala el concepto de “abandono” que incluye “el rompimiento absoluto, por toda la vida, de la relación paternofilial desde la infancia del hijo, desentendiéndose de las obligaciones de alimentarle y representarle en el ejercicio de las acciones para él provechosas ( sentencias de 3 de diciembre de 1946 y 28 de febrero de 1947 )”. Y como la expresión de abandono ha de entenderse en sentido amplio, como falta de cumplimiento de deberes de asistencia y protección, tanto físicos, como morales y económicos. Que se trata del incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad: velar por los hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral ( arts. 154.2. 1° CC ).

Y dice la Sala que una cosa es que las causas de indignidad sean de interpretación restrictiva, exigiéndose que se constate casos claros y graves de abandono, y otra que sea restrictiva la interpretación o entendimiento de la concreta causa ( sentencia 59/2015 , de 30 de enero), excluyendo del abandono el incumplimiento de deberes familiares impuestos por el ejercicio de la patria potestad, lo que no se compadecería con la naturaleza de la previsión legal.

Y las valoraciones jurídicas que hace la sentencia recurrida sobre los hechos probados hacen que el recurso no puede ser estimado, pues no suponen una interpretación extensiva sobre la existencia de la causa, ya que tiene por demostrado el abandono grave y absoluto del hijo por el padre, sin atenuante o paliativo que lo justifique. Valoraciones que sumadas a la grave discapacidad del hijo, el incumplimiento de los deberes familiares personales del padre hacia aquél no merecen otra calificación que la de graves y absolutos, y otro tanto cabría decir de los patrimoniales, pues aunque hayan mediado algunos pagos de la obligación alimenticia convenida, sustancialmente no se ha cumplido ésta, y cómo se razona no se valora como involuntario tal incumplimiento.

Llama la atención la Sala de como el recurrente, ante una demanda en su contra de pérdida de patria potestad, con la gravedad que ello supone en las relaciones paternofiliales, no se personase y fuese declarado en rebeldía, pues si la demanda hubiese prosperado, lo que no sucedió por fallecer el menor en el curso del proceso, la causa de indignidad no ofrecería duda, como expresamente se prevé en el párrafo tercero del n° 2 del art. 756 CC en la redacción actual por Ley 15/2015, de 2 de julio.

 

Reflexiones de una letrada

martes, 24 de abril de 2018

Cambio de custodia.

Tradicionalmente los juzgados venían otorgando a las madres la mayoría de las custodias de los hijos lo que llevó a una creencia de que “les pertenecían” por encima de los otros progenitores. Desde hace unos años la realidad social ha cambiado muy considerablemente en lo que se refiere a la interactuación de los padres en la vida de sus hijos y esto ha tenido un reflejo en la tendencia jurisprudencial que ha normalizado el reconocimiento de las custodias compartidas hasta el punto de considerarlas “lo deseable”. Pero además este cambio social y judicial tiene otras consecuencias que son “satélite” de la anterior, me refiero a la decisión de cambio de custodia que están adoptando jueces y Tribunales en situaciones de patrimonialización de hijos de los que un progenitor ostentaba la custodia exclusiva. Sirva como ejemplo la sentencia a la que a continuación me refiero que se ha dictado en un procedimiento de modificación de medidas y en la que el Juzgado transfiere la custodia del hijo al padre debido al comportamiento de la madre con sus continuas denuncias sin fundamento contra el padre, obstaculización del régimen de visitas y creación en la hija de una mentalidad contraria a su padre, entre otras situaciones valoradas en la resolución. El Juzgador considera que la madre ha generado graves factores convivenciales muy negativos a la hija lo que a mi entender es una forma de maltrato psicológico de su propia hija a quien inculca sentimientos de rechazo que dañan su estabilidad emocional y el óptimo rechazo de su personalidad.

Es decir la razón del cambio de custodia no es los incumplimientos de la madre, sino el interés de la menor (apartados 2 y 3 del vigente art. 2 de LO. de Protección Jurídica del Menor) a que su vida se desarrolle en un entorno familiar adecuado que no garantiza la madre por su imposibilidad de dejar a la hija al margen del conflicto entre las partes posicionándola en el mismo de un modo innecesario y carente de fundamento; La Audiencia Provincial ha confirmado la decisión del juzgado.

 

Reflexiones de una letrada

martes, 9 de enero de 2018

¡Al cole de mayores!

¿Cuantas veces hemos dicho o hemos escuchado la expresión que da título a este artículo?, en mi caso la utilicé en innumerables ocasiones cuando mis hijas o los hijos de mis conocidos fueron escolarizados en el colegio donde iniciaron sus estudios reglados. En principio se trata de un momento feliz y emocionante para los papás y para los pequeños que se enfrentan a una nueva etapa en su vida pero y ¿qué pasa en las ocasiones en que los padres están divorciados y no alcanzan un acuerdo al respecto de cual será el centro escolar al que debe de acudir el menor? pues como tantas veces y en tantas circunstancias debe de decidirlo un juez.
Lamentablemente cuando una pareja se rompe son demasiadas las ocasiones en las que mantienen “eternamente” levantada el “hacha de guerra” y cualquier decisión sobre sus hijos se convierte en un motivo de conflicto. Como dice la canción “tú dices blanco y yo digo negro” y bien por hacerse daño el uno al otro, bien por considerar que el otro siempre está confundido y no lleva la razón o bien por otros motivos que mi ignorancia en cuestiones psicológicas no alcanza a comprender, lo cierto es que si un progenitor dice colegio público el otro dice concertado, si uno dice concertado el otro dice privado y así sucesivamente.
Lo relevante ante esta circunstancia es saber que la decisión de la elección inicial o el cambio de colegio de nuestros hijos forma parte de la Patria Potestad que, salvo situaciones excepcionales, la ostentan conjuntamente los dos progenitores por lo que, con independencia de quien ostente la custodia de los menores, la citada decisión de elección del centro escolar le corresponde alcanzarla a los dos progenitores por consenso  y a falta de acuerdo habrá que solicitar al juez que dirima la discordia mediante un auto que se dicta en el contexto de un procedimiento de jurisdicción voluntaria del artículo 158 del Código Civil.

Reflexiones de una letrada

lunes, 27 de noviembre de 2017

Incapacidad vs internamiento.

Hoy no voy a escribir sobre una sentencia concreta, ni tampoco sobre jurisprudencia o sobre doctrina. Hoy voy a escribir sobre sensaciones y sentimientos que me provoca ver determinadas situaciones con las que te tropiezas en el ejercicio de la profesión.

Hace unos días tuve ocasión de trabajar en un asunto que me ha hecho reflexionar enormemente. Me refiero a los procesos de incapacidad, sus límites y las consecuencias de los pronunciamientos para los enfermos.

Nuestra legislación permite realizar reconocimiento de la incapacidad total y también parcial para los supuestos de aquellas personas que no encontrándose completamente incapacitados necesitan de un “complemento” a su capacidad para determinados ámbitos de su vida que normalmente suele ser el patrimonial. De esta forma aquella persona necesitará de un “curador” para poder realizar determinadas disposiciones por ejemplo de su patrimonio.

Yo ya he reconocido en este blog en ocasiones anteriores mi “debilidad” por los ancianos y el malestar que me produce su sufrimiento cuando forman parte de un procedimiento de derecho de familia en el que yo trabajo y me permite constatar situaciones de abuso, abandono, aprovechamiento, etc. Pues algo parecido me ocurre con los incapaces y por eso hoy le dedico mi post a ellos.

Se que es muy fácil hablar desde la distancia cuando no tienes en tu casa a una persona con estas circunstancias pero sin caer en injustas generalidades y por supuesto sin poner en duda que hay familias y personas que tienen a sus mayores y/o sus incapaces entre algodones, ¡cuánto abuso y cuanto aprovechamiento hay a su alrededor!.

Me decía hace unos meses una persona en mi despacho que le habían requerido del juzgado para que justificase la utilización de la pensión de más de 2.000€ mensuales de su hermano (del que era tutor) que le parecía increíble. A mi, que escuchaba atentamente, lo que me parecía increible era que la familia hubiera hecho del incapaz “su modo de vida” haciendo uso sin ningún pudor del cien por cien de la abultada pensión y que lo justificasen afirmando “le compro ropa si la necesita” hombre….solo faltaría que el incapaz estuviese desnudo….o que no se le diese un plato de caldo…

Se que se trata de una cuestión realmente delicada y de difícil consideración y que no es lo mismo una persona dependiente que requiere de cuidados las veinticuatro horas del día, que una persona con algunas limitaciones físicas, otras con limitaciones psíquicas, otras que son agresivas, otras que no lo son, otras que son autosuficientes con su aseo personal y que comen de modo autónomo, etc. pero se ven tantas ocasiones en las que los tutores y/o curadores se aprovechan de los más débiles, tantas en las que a las familias solo les importa “la paga” de fin de mes, tantas en que se les deja “eternamente” en una residencia para que “no den trabajo” que no quisiera ser yo quien tuviera que tomar la decisión de incapacitar o no a alguien, de decir cual es el alcance de la capacidad de otra persona y mucho menos decidir quien debe de ser el tutor o curador porque menuda responsabilidad tan enorme y vaya elementos algunos que tienen en sus manos la vida del incapaz….que Dios me de mucha cordura para no necesitarlo o me la quite toda de golpe para no enterarme de nada, porque si te das cuenta de lo que algunos hacen contigo, ¡vaya tristeza y vaya sufrimiento!.

 

Reflexiones de una letrada

jueves, 16 de noviembre de 2017

FUNDACION ANDREA.

¿Qué marca para ustedes la llegada de la Navidad?, ¿la iluminación de las calles?, ¿los escaparates de los comercios?, ¿la bajada de las temperaturas?, ¿los turrones en los supermercados? ¿el espíritu solidario? En mi casa la Navidad llega de la mano de la FUNDACION ANDREA y de su cena anual solidaria en beneficio de los niños con enfermedades crónicas, terminales o de larga duración. Se trata de una noche mágica en la que todos tenemos la oportunidad de sentirnos útiles con los que más lo necesitan aquellos de los que, lamentablemente, nos olvidamos tantas veces en nuestra rutinaria vida el resto del año. Esa noche es ya una tradición para muchas personas que tomamos allí nuestro primer trocito de turrón y vemos los primeros adornos navideños en un enclave maravilloso, el Pazo de San Lorenzo, que esa noche se viste de gala para recibirnos a todos sin distinción porque allí nos une lo mismo, la solidaridad, que no entiende de edades, de ideologías, ni de ninguna circunstancia personal.

La FUNDACION ANDREA debe su nombre a un ángel que pese a su daño cerebral hizo una labor en su corta vida mucho más fructífera de la que podemos hacer muchas personas sanas en toda la nuestra. Andrea fue una escuela de vida para sus padres que a través de su enfermedad tuvieron acceso a información y conocimientos que tristemente no están al alcance de todos. Andrea fue tan generosa que llena de mimos, cuidados y atenciones que recibía de su familia decidió compartirlo con los que lo necesitaban como ella pero no lo podían recibir y así sintió una madrugada que en su cuerpo nacían dos alas que le permitían volar a un lugar privilegiado desde el que ilumina el sendero de la fundación que con su nombre crearon sus padres para que otros niños tengan acceso a tratamientos innovadores, a terapias con animales, con música, etc. dedicando desde entonces el tiempo, el mimo y la atención que antes requería su hija a otros niños que también los necesitan.

LA FUNDACION ANDREA es una realidad que ayuda a los hijos de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, a todas esas personas que nos rodean y que también, sin saber porque y sin poder prepararse para ello, han recibido una Andrea en su hogar  con la impotencia que supone no tener suficientes medios para darle “la luna”…

Para conocer la labor de la FUNDACION ANDREA basta ver la sala de espera de la planta de pediatría del CHUS, sus pasillos, los carros de juguetes de la escuela hospitalaria, las tres casitas que se encuentran a disposición de las familias que no tienen domicilio en Santiago y sus hijos están ingresados en el hospital, las sesiones de musicoterapia, de hípica, las intervenciones quirúrgicas  que financian fuera de nuestra ciudad cuando así es preciso y tantas otras ayudas que se traducen en dinero que en su mayor parte se recibe  en la GALA ANUAL DE LA FUNDACION que este año se celebra EL SABADO DIA 25 DE NOVIEMBRE y a la que sería estupendo que también asistieses.

 

Reflexiones de una letrada

lunes, 30 de octubre de 2017

Pensión compensatoria y herencia.

En innumerables ocasiones me han preguntado qué ocurre cuando una persona que pretende percibir mensualmente una pensión compensatoria por el desequilibrio económico que le provoca la ruptura de su matrimonio ha recibido una herencia.

Pues bien,  recientemente llegó al Supremo (sentencia nº 674/2016 de 16 de noviembre 2016) un caso como el anteriormente descrito en el que se declaró el derecho de una mujer a la percepción de una pensión compensatoria con cargo a su ex marido porque se consideró probado el desequilibrio económico de ésta a pesar de haber recibido una herencia. De hecho en el precitado supuesto al dictarse la sentencia de separación, en la que se establecía la pensión compensatoria indefinida, ya se tenía la expectativa de que la beneficiaria iba a recibir una herencia, la cual fue considerada por la Sala como insuficiente para superar dicho desequilibrio, por la edad de la beneficiaria -64 años-, que no tenía cualificación profesional y que estuvo dedicada al cuidado de la familia durante toda la duración del matrimonio.

Este análisis que realiza en su resolución el más alto tribunal nos lleva a poder afirmar que el hecho de recibir una herencia no extingue la pensión compensatoria de modo automático si no que en todo caso habrán de estudiarse de modo pormenorizado las circunstancias del artículo 97 del C.C. y en función del nivel de vida del  matrimonio, de la edad de la beneficiaria de la pensión, de su capacidad de acceso al mundo laboral, de cual haya sido su dedicación pasada y futura a la familia y de cual sea el montante de la herencia se podrá determinar si la pensión compensatoria se mantiene en toda su cuantía o si se reduce la misma o finalmente si procede su extinción.

 

 

Reflexiones de una letrada

lunes, 31 de julio de 2017

Mil veces gracias.

Hoy termina otro año judicial y ya son 21 desde que empecé a ejercer.  Además de intentar hacer todas las gestiones pendientes que van quedando encima de la mesa…y organizar el trabajo del mes de septiembre para que no resulte traumático el regreso de las vacaciones…también es un día par dar las gracias a tantas personas que este año han depositado su confianza en mi y han puesto su vida y la de sus hijos que es el mayor de sus tesoros en mis manos.

Gracias a Vanessa, a Angel, a José Manuel, a Consuelo, a Fabiola, a Carmen, a Raquel, a Cristina, a Carlos, a Inés, a Camilo, a Rosa….y a tantos otros que me han permitido vivir de esta profesión que amo y respeto, que a veces me hace reír y que otras me hace llorar y que en definitiva me hace emocionarme cada día, luchar y pelear en cada proceso como si no hubiera otro porque ninguno me resulta indiferente.

Mañana comienzo mis vacaciones cansada pero satisfecha y profundamente agradecida. Prometo regresar el nuevo año judicial con las pilas cargadas y a vuestra disposición para trabajar sin descanso e intentar dar a vuestros problemas la mejor de las soluciones.

Feliz verano, feliz descanso, cuidado en la carretera y nos vemos a la vuelta de las vacaciones!.

Reflexiones de una letrada

jueves, 13 de julio de 2017

Traslado de domicilio.

Ayer fue uno de esos días que la profesión te regala un “subidón” que carga pilas para una buena temporada. Me notificaron uno de esos casos que estaba pendiente de resolución y que me venía a la cabeza de modo recurrente… ¿ganaré? ¿perderé?…porque me tenía verdaderamente preocupada por la trascendencia para la vida de la clienta aunque lógicamente  no le hubiera reconocido en ningún momento mi inquietud. El fondo del asunto era una de esas situaciones que se escuchan a diario en los medios de comunicación, os cuento:

Mi clienta es una funcionaria del sistema gallego de salud que desde hace años trabajaba en otra comunidad autónoma, en la que estaba destinado su esposo, con una comisión de servicios. Hace dos años el matrimonio se rompió y firmaron un convenio de divorcio en el que acordaron atribuir la custodia de los hijos a la madre sometido a que los niños continuaran viviendo en la comunidad autónoma en donde lo venían haciendo. Un año después y de modo inesperado a la madre le fue revocada la citada comisión requiriéndola para que de modo inmediato se incorporase a su plaza de funcionario en Galicia. Como consecuencia de esta situación la clienta solicitó una autorización judicial para trasladar a sus hijos con ella a Galicia la cual le fue denegada por el juzgado de primera instancia.  Ahí “aparecí” yo. Después de darle mil vueltas a la cabeza, de plantearme varios caminos judiciales, etc.  decidí recurrir la resolución y formulé uno de los recursos en los que más he trabajado en estos más de veinte años de ejercicio profesional. Afortunadamente el recurso fue estimado íntegramente por lo que la madre podrá trasladarse con sus hijos a Galicia.  Al tratarse de una situación tan repetida hoy en día tras las rupturas y que da lugar a tantos procesos os dejo constancia de alguna de las valoraciones que la Audiencia ha realizado para fundamentar la resolución:

Base del conflicto:

“conflicto existente entre los progenitores entre los

cuales uno tiene la custodia de los hijos y decide cambiar de residencia a otro lugar de la

Nación o a otro país. Pues bien, frente al derecho del progenitor custodio a elegir libremente

su residencia y circular por el territorio nacional que le confiere el art. 19 de la Constitución,

se encuentra el derecho del otro progenitor de relacionarse con los hijos que se recoge en los

artículos 90, 91, 94 y 103 del C. Civil y por encima de todos, con rango nacional,

constitucional e internacional el principio básico reconocido en el art. 39 de la Constitución

Española, en la Declaración de los Derechos del Niño proclamada por la Asamblea General

Naciones Unidas de 20-11-89 ratificada por España (BOE 31-12-90), en numerosos preceptos

recogidos a lo largo del articulado del Código Civil, y en la Ley Orgánica 1/96 de 15 de

enero de Protección jurídica del menor de que son titulares a su desarrollo psicosocial, lo que

se traduce en la materia que nos ocupa, en sede de relaciones paterno filiales, en que el

conflicto surgido acerca de si debe mantenerse la guarda y custodia materna ante la decisión

de ésta de cambio de domicilio, deba resolverse por prescripción legal, jurisprudencial y

justas razones, atendiendo primordialmente al beneficio e interés del menor”.

Base de la decisión:

Frente a los datos que se consideran en el auto recurrido

como determinantes de la decisión, la Sala estima tal y como señala la recurrente, que los

menores resultarían mas perjudicados si la madre hubiese de renunciar a su puesto

profesional, que tiene carácter fijo y con cuyos ingresos y los del progenitor, la familia se ha

permitido un buen nivel de vida y que los menores disfruten de unas ventajas a todos los

niveles (buenas condiciones de vivienda, colegio privado, actividad extraescolares como las

que realizaban los menores, etc) de lo que quedarían privados si la progenitora tuviese que

renunciar a su puesto y a sus ingresos.

Decisión:

la Sala estima procedente, como fue apreciado por el Ministerio Fiscal en el acto de la vista, la autorización para el cambio de domicilio de los menores y consecuente cambio de colegio, sin que proceda entrar a resolver sobre las repercusiones de tal cambio en lo relativo a pensión, régimen de visitas, gastos etc, que habrá de realizarse en un procedimiento de modificación de medidas”.

Espero que sea de vuestra ayuda.

Reflexiones de una letrada

martes, 21 de marzo de 2017

Novedades legales por accidentes de tráfico.

El campo de los procedimientos derivados de accidentes de tráfico es uno de los que más cambios ha sufrido en los últimos tiempos, no solamente porque han desaparecido los tan recurrentes “juicios de faltas” en los que los abogados ejercitábamos también la acción civil reclamando a la compañía de seguro la indemnización  que tuviéramos a bien para nuestro cliente viéndonos ahora obligados a acudir siempre y sin otra opción judicial a la vía civil, sino porque además dentro de este proceso se han establecido requisitos que lo hacen diferente a los procesos civiles anteriores a la modificación y que debemos de tener siempre presente, así el nuevo baremo obliga al accidentado a efectuar una reclamación inicial previa a cualquier trámite judicial a la compañía aseguradora la cual debe de responder antes de tres meses realizando una oferta motivada o explicando el motivo por el qué entiende que no cabe indemnización. Igualmente  la normativa ofrece la posibilidad al lesionado de solicitar un informe forense o hacer a su costa una peritación privada,  en una intención (en mi humilde opinión) de reducir al mínimo las contiendas judiciales.

A continuación transcribo la nueva redacción del artículo 7 de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en el que puede observarse el precitado requisito previo el cual será de cumplimiento obligatorio y tenemos por tanto que realizar SIEMPRE así como la aportación de la prueba acreditativa de haber cumplido el trámite junto con la demanda:

No se admitirán a trámite, de conformidad con el artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las demandas en las que no se acompañen los documentos que acrediten la presentación de la reclamación al asegurador y la oferta o respuesta motivada, si se hubiera emitido por el asegurador“.

Esto es, so pena de inadmisión de nuestra demanda civil por accidente de tráfico por lo que   deberemos adjuntar a nuestra demanda los documentos que acrediten el cumplimiento de dicho requisito.

Poco a poco iré desmenuzado en mi blog tantas novedades que la nueva regulación ha traído en este campo con las que estamos ya trabajando cada día.

Reflexiones de una letrada

martes, 21 de febrero de 2017

Custodia y droga.

En los asuntos en los que se discute la atribución de la custodia de los hijos a uno u otro progenitor es frecuente que existan acusaciones de dependencia de drogas o alcoholismo como causa para que el juez no adjudique la custodia al progenitor que supuestamente padece esas adicciones.

Hoy he visto una sentencia del Tribunal Supremo de esas que te hacen pensar…si yo fuese juez hubiera hecho lo mismo…pero si yo fuese la madre también…Se trata de un juicio sobre custodia compartida en el que la madre alegaba dos cuestiones:

1º.- drogadicción del padre en el pasado hasta el punto de que los servicios sociales le habían retirado la custodia de otra hija fruto de otra relación.

2º.- la relación conflictiva entre los dos progenitores.

Pues bien al respecto de la primera de las alegaciones el Tribunal desestima el motivo y concede al padre la custodia compartida al considerar que la drogadicción pasada en ningún caso implica que ese progenitor hoy en día se encuentre mermado para ostentar la custodia de su hija incluso aun cuando en el pasado los servicios sociales le hubiesen retirado la custodia de otra hija por cuanto que posteriormente se la concedieron de nuevo lo que confirma que sus adicciones fueron superadas.

Respecto del segundo de los motivos del recurso, la conflictividad entre los progenitores la Sala afirma una vez más que esta circunstancia no tiene trascendencia en sí misma y que le corresponde a quien lo alega la carga de probar que la causa de esa conflictividad no sea imputable a ella misma por cuanto que de no ser así bastaría con que el progenitor que opone a la custodia compartida provoque esa conflictividad para que esta forma de custodia nunca pudiera ser reconocida.

Como he dicho anteriormente esta es una de esas sentencias que no deja impasible. La madre pensaba en el riesgo de que el padre de la menor tuviese una recaída en sus adicciones, en sus antecedentes, en la inestabilidad de su vida anterior y en tantas circunstancias que derivan de una drogodependencia pero el Tribunal es claro, ¿ocurre eso hoy? ¿presenta el padre alguna limitación a su capacidad actual? ¿muestra hoy alguna inestabilidad? y la respuesta a falta de prueba que acredite lo contrario es no. y de ahí el fundamento de la resolución.

Reflexiones de una letrada

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